No es la primera vez que nos reunimos aquí. Estas paredes, esta mesa, esta estufa, esta tetera – cuántas veces han sido testigos de nuestros encuentros, nuestras frustraciones, nuestro estrés.

Cuántas veces han dado la bienvenida a este grupo de frustradas amigas, activistas y aliadas. Cuántas veces nos han escuchado descargar las mismas preocupaciones: qué débiles han sido nuestras victorias, qué insignificantes han sido las leyes por cuya aprobación hemos luchado, qué inútiles han sido las políticas que hemos clamado que implantaran en esta tierra donde no se cree en los derechos de la mujer. Una tierra en la que la posición de la mujer en la sociedad se considera una mera extensión de su papel en la familia y en la tribu y donde la ética y las creencias se entienden exclusivamente pasando por la definición masculina, algo por lo que la mujer paga un alto precio cada día.

Hoy, el último golpe: los centros de acogida para mujeres. Recordemos la historia desde el principio. Primero, el informe de un medio de comunicación de poca credibilidad afín al círculo de poder menosprecia a los centros de acogida para mujeres diciendo que son un antro de prostitución e inmoralidad. A modo de respuesta, el gobierno crea una Comisión de altos cargos oficiales – ninguno de ellos experto, ni director de centros de este tipo, ni ha vivido en uno – para valorar la situación. Elaboran un informe parcial e incompleto, sin debatir sus conclusiones con los propios centros o con los expertos y organizaciones que los apoyan.

Ahora el gobierno nos acusa a nosotras, las activistas, de haber deshonrado el orgullo nacional del país al haber mostrado públicamente las violaciones atroces y a menudo humillantes de derechos a las que las mujeres se ven sometidas. Esto, dicen, nos avergüenza a los ojos del mundo. ¿Esto? ¿La revelación de violaciones de derechos humanos? ¿No la corrupción generalizada y el fracaso en la forma de hacer gobierno? En lugar de esto, ¿lo que nos avergüenza es la antiquísima tradición afgana de dar protección a los más necesitados y luchar por los derechos de los vulnerables? ¿Es esto lo que nos avergüenza?

En un intento de “enmendar” estos problemas y de desviar la ayuda internacional de centros independientes de acogida de mujeres a un canal que regule el gobierno, éste utiliza el Ministerio de la Mujer como una herramienta para recortar sus derechos. El ministro acusa sin pudor de corrupción al grupo de mujeres sin presentar una prueba firme o tomar la iniciativa de corregir los problemas existentes.

Por otra parte, según el informe financiero del gobierno presentado en enero, la mayoría de los ministerios no han gastado ni siquiera el 50% del presupuesto nacional para desarrollo. Y ahora quieren transferir más dinero todavía al sistema gubernamental, que apenas puede hacerse cargo del dinero del que ya dispone.

Sin embargo, la gran pregunta no es la financiación – al menos no para la sociedad civil afgana, ni para los grupos de mujeres en particular (que, por cierto, han convertido en una rutina el optimizar los escasos presupuestos del pasado, sacando el máximo partido a cada dólar que reciben y cuyos informes financieros son prueba de ello). No, la gran pregunta es qué ocurrirá a las mujeres.

Por desgracia, las grandilocuentes promesas de proteger y respetar los derechos de las mujeres que se hicieron en las conferencias de Londres y de Kabul y mediante la Declaración de Lisboa no se han traducido en hechos reales por parte del gobierno afgano y sus aliados internacionales. Por el contrario, desde que se hicieron tales promesas, el gobierno ha retrocedido en sus compromisos con los derechos de la mujer. ¿Y ahora vamos a dejar a las mujeres más vulnerables de nuestra sociedad en manos del gobierno?

La experiencia de dirigir centros de acogida en los últimos nueve años muestra que siempre ha habido amenazas de las instituciones estatales y de los poderes no formales de la sociedad tanto a las mujeres que dirigen los centros como a las que buscan cobijo en ellos. Y no se trata de amenazas con retirar la financiación, no. Se trata de amenazas insidiosas, amenazas de abuso de confianza de la peor clase. A modo de ejemplo, una niña de 12 años del distrito de Shindand, en Herat, pidió protección en un centro de acogida pero el gobierno, bajo la presión de un parlamentario, devolvió a la niña a su familia, que después la descuartizó.

Y su historia ni siquiera destaca sobre el resto. Su historia es común. Algunas de las mujeres que conocemos asumen un gran riesgo – un riesgo heroico – no sólo con sus propias vidas, sino también con las de sus hijos, al buscar refugio de los abusos en estos pequeños santuarios. Algunas reciben amenazas a diario, a cada hora incluso. Pero para ellas el riesgo merece la pena. Son mujeres que han visto de cerca la tortura y el asesinato de otras mujeres y que han sido víctimas de abusos horribles. El hecho de escapar ya es asumir un riesgo máximo: lo ponen todo en juego. Con esta nueva normativa, las mujeres tendrán todavía menos posibilidades de protegerse a sí mismas y a sus hijos. ¿Cómo podemos permitir esto?

Hoy hay una mujer en Takhar que está llorando y pidiendo justicia contra el poderoso criminal que raptó, encarceló y después asesinó a su hija. El autor es sobrino de un parlamentario que está en estos momentos ocupando un escaño en el Parlamento de Kabul, y a quien la autoridad del distrito le considera por encima de la ley. ¿Hasta qué punto puede llegar esto? ¿No os dais cuenta de que todas las mujeres en Afganistán saben que ésta es la situación? Esto, para el gobierno afgano, se considera ¿¡normal!?

Las mujeres que dirigen los centros de acogida trabajan cada día para salvaguardar las vidas de sus hermanas afganas, independientemente de sus ideas políticas o etnia, pero con pocas probabilidades de éxito. Entre el 40% y el 60% de los casos conocidos de abusos son manipulados por una persona influyente que ostenta un cargo en el poder, que hace uso de su capacidad de presionar al gobierno para que esta mujer sea devuelta al marido o padre que abusaba de ella y de quien trató de escapar.

Preguntamos a nuestro gobierno: ¿realmente puede asumir la responsabilidad de salvaguardar las vidas de estas mujeres?

Controlar el bienestar de las mujeres, justo en el lugar de último recurso, ¿le ayudará a forjar su imagen internacional? ¿Toma esta decisión teniendo en cuenta el interés de estas mujeres, incluso cuando sabe que dirige el segundo gobierno más corrupto del mundo? ¿Esta normativa se salvará por arte de magia de la influencia poderosa y corrupta que infecta todo su gobierno? ¿Cómo podría hacerlo? Y más importante, ¿cómo podemos hacer que detenga esto?

Afgan Women’s Network (Red de mujeres afganas) es una organización que aglutina asociaciones de mujeres, activistas y defensores de los derechos humanos en Afganistán, cuyos miembros son más de 5.000 mujeres particulares y más de 75 organizaciones no gubernamentales.

Traducción de Beatriz Abril Alegre sobre el original en inglés:
Artículo 669: To The Gatekeepers of Women’s Honour: an open letter from the Women of Afghanistan