Afghan Women’s Network (Red de mujeres afganas) cree que lo esencial de cualquier normativa, política o ley debería ser la protección del ciudadano, no el control sobre recursos ajenos o salvar el “honor”.

[(«Si nuestro gobierno de verdad quiere acabar con las violaciones de los derechos de las mujeres, debe detener los abusos sexuales continuos en las cárceles de mujeres por todo Afganistán. Si nosotras, las mujeres, tuviéramos una mínima confianza en la capacidad del gobierno de protegernos, no habría llegado a este centro para mujeres sino que habría acudido al gobierno en primera instancia. Sin embargo, la policía me obligó a permanecer en una comisaría durante media hora y me acusaron de todos los delitos posibles desde que me marché de casa.»

Halima [1], una mujer de 35 años que huyó de su marido, que le había vendido a tres hombres tras perder una apuesta.)]

Recordemos la historia de los centros de acogida para mujeres en Afganistán. Comenzaron a aparecer centros independientes porque el gobierno no lograba cubrir las necesidades humanas básicas de las mujeres y su inefectiva gestión de los centros de emergencia dio lugar a repetidos intentos de suicidio en Azadi Garden, en la ciudad de Herat, en 2003. Fue entonces cuando las agencias de la ONU invitaron a las organizaciones de mujeres para ayudar a remediar esta situación. Las mujeres que tenían experiencia y que habían aprendido la centenaria tradición de dar seguridad a las personas necesitadas, abrieron estos centros con la intención de ayudar a otras mujeres con la sensibilidad y el cuidado femenino.

Durante los últimos ocho años, miles de mujeres han sido acogidas en estos centros independientes. De hecho, el que derivó a muchas de ellas a estos lugares fue el gobierno, incluido el Palacio Presidencia, que no quería estropear su relación con las tribus y clanes que podían sentirse ofendidos al ver que el gobierno daba refugio a sus hijas violadas.

Estas preocupaciones siguen hasta el presente. En muchas ocasiones, los empleados del gobierno, presionados por personas influyentes en la sociedad o los círculos políticos, han revelado la ubicación de las mujeres que buscaban refugio o les han obligado a volver con sus familias, que les castigaban por haber intentado huir. Estos castigos pueden ser mortales. Esto es una traición a las mujeres a las que deberían intentar proteger. Y esta semana, en respuesta a los informes infundados de un medio de comunicación y una valoración incompleta y opaca del gobierno sobre los centros, se ha tomado la decisión de transferir la gestión de los mismos al gobierno, que ha demostrado ser incapaz de dirigirlos bien y de proteger a las mujeres que dependen de ellos.

[(«Tuvimos un caso el jueves por la tarde de una mujer que estaba herida de gravedad. Llamamos una y otra vez al Ministerio de la Mujer pero no obtuvimos respuesta, así que tuvimos que llamar a la Viceministra. Su primera respuesta fue “hoy tenemos el día libre, traiga su caso el sábado” y no paré de decirle que la mujer moriría si esperábamos hasta entonces, pero a ella no le importó. Sin embargo, con la nueva normativa, tendría que haber dejado a la mujer herida que muriera hasta que en el Ministerio volvieran a trabajar dos días después.»

Directora ejecutiva de un centro de acogida para mujeres en Kabul.)]

AWN también expresa su preocupación por la acusación del gobierno de malversación de fondos en estos centros. En realidad, la mayoría de los centros están muy bien dirigidos a pesar de que, debido a la interferencia del gobierno, muchos han estado funcionando sin financiación externa el año pasado.

Creemos que lo que debería combatirse es la corrupción porque es la vergüenza nacional: un problema que persiste debido al fracaso del gobierno por no tratarlo al más alto nivel. Creemos que hay que exigir responsabilidades y transparencia tanto a las organizaciones gubernamentales como a las no gubernamentales y que las organizaciones, sean del tipo que sea, deberían asumir sólo la responsabilidad que puedan asumir, gestionar y dirigir de forma efectiva. Las ONG han sido capaces de hacer esto y se sienten consternadas por la incapacidad del gobierno afgano, que ha gastado únicamente el 40% del presupuesto asignado a desarrollo, según los informes oficiales.

Tras los informes infundados de los medios y la investigación de la Comisión sobre los centros de acogida, el gobierno ha elaborado un borrador de normativa que pretende controlar el acceso, la protección y el control de los centros para mujeres en riesgo. No obstante, consideramos que la normativa, tal y como está planteada, obstaculiza el principio básico de refugio, que proporciona seguridad a las mujeres.

Esta situación se está haciendo más crítica debido a que el canal de televisión Norin aumenta sus ataques a las organizaciones de mujeres y a los defensores de los derechos humanos, mostrando sus sentimientos anti-femeninos sin ningún respeto por la ética periodística. Esto pone las vidas de las mujeres en un riesgo inminente.

Nuestras preocupaciones son las siguientes:

 El obstáculo fundamental que genera la normativa es que otorga el control de los centros al gobierno e impone restricciones sobre la admisión de las mujeres a los mismos. Estas medidas, cuya decisión podría depender de personas influyentes, resultarán en un amenaza evidente para cualquier mujer que huya de la violencia y podrían terminar en su muerte. Esto también significará que habrá menos mujeres que pidan ayuda.
 La normativa ha entrado en vigor sin que haya habido consulta alguna con las organizaciones que dirigen dichos centros o especialistas en derechos de la mujer que entienden el delicado papel de estos lugares en el contexto afgano. Existe la preocupación de que el gobierno se ha mostrado insensible a los abusos que sufren las mujeres, por ejemplo en los tribunales afganos, donde el poder judicial no suele distinguir entre los casos de violación y de adulterio.
 Hacemos un llamamiento a los medios de comunicación para que dejen de hacer un mal uso de la libertad de expresión al servir a los intereses de los círculos de poder e intimidar a las mujeres activistas que intentan proteger a aquellas que están en riesgo.
 Hacemos un llamamiento al Ministerio del Interior y a otras agencias de seguridad para que investiguen y lleven a juicio a los medios de comunicación que están haciendo peligrar las vidas de ciudadanos y creando temor al abusar de su licencia periodística.

[(Por tanto,
Nosotros, la sociedad civil, las organizaciones de mujeres y las activistas de Afganistán, hacemos un llamamiento al gobierno para que considere seriamente nuestras preocupaciones e inicie un proceso de consulta para revisar la normativa teniendo siempre en mente los intereses y la seguridad de las mujeres en riesgo.)]

Para más información, puede contactar con:
Afghan Women’s Network
awn.kabul@gmail.com
0093700286598

17 de febrero, 2011